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 LA NUEVA LEY DE EXTRANJERÍA ENDURECE LAS SANCIONES PARA LOS EMPRESARIOS QUE CONTRATEN A INMIGRANTES ILEGALES

 Ya no hay marcha atrás, la polémica Ley de Extranjería 8/2000 entra en vigor a pesar de las críticas que ha generado en la oposición. Sus detractores destacan que implica una enorme restricción de derechos para los extranjeros irregulares y el endurecimiento de las condiciones para obtener la residencia temporal. Por el contrario, sus defensores argumentan que contribuirá a solucionar el problema de la inmigración ilegal y, por extensión, impedirá la explotación que éstos sufren.

 Sólo a quienes obtengan un permiso de estancia o residencia en nuestro país se les reconocerán los derechos de reunión, asociación, sindicación, manifestación y huelga. Los inmigrantes que no hayan  conseguido en el plazo preciso "los papeles" se encontrarán desprotegidos ante las más diversas situaciones. En la Ley también se establece que sólo quienes acrediten haber vivido en España cinco años podrán conseguir el preciado permiso de residencia. La anterior Ley fijaba el período en tres años menos.

 Sanciones

 Recientes acontecimientos han puesto de manifiesto la situación de los inmigrantes en España. 

 Muchos son explotados, trabajan en condiciones precarias y tienen cada día más difícil asegurar su permanencia en este país. La zona sur de la península alberga al mayor número de extranjeros, ya que allí las necesidades de mano de obra para el campo son mayores. 

 La Ley de Extranjería 8/2000 endurece el régimen sancionador para los empresarios que contraten inmigrantes "sin papeles". Las multas podrán llegar a los diez millones de pesetas por persona contratada irregularmente, incluso se prevé la posibilidad de cerrar la empresa infractora por un período máximo de cinco años.

 Por otra parte,  los ciudadanos europeos residentes en España tienen reconocidos la práctica totalidad de los derechos que figuran en la constitución. Los acuerdos suscritos en la Comunidad Europea han dado lugar a una figura jurídica especial: "la ciudadanía de la Unión Europea". Gracias a ésta, los individuos empadronados en cualquier país europeo podrán trabajar en el resto sin ningún tipo de dificultad.

 

 
 


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