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MEDIO AMBIENTE

LA JUNTA DE ANDALUCÍA ANUNCIA UN PROYECTO DE LEY QUE GRAVARÁ LAS ACTIVIDADES CONTAMINANTES

El Gobierno andaluz presentará en esta legislatura un proyecto de ley de fiscalidad medioambiental en Andalucía, que establecerá un impuesto verde sobre determinadas actividades. El presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, ha asegurado que el citado proyecto de ley será "horizontal para todos los agentes contaminantes del territorio", y en él se establecerá un "impuesto sobre aquellas actividades que inciden en el medio ambiente".

Lo que se recaude por este tributo servirá para constituir un fondo con el que financiar inversiones autonómicas en el terreno ambiental. El presidente de la Junta afirmó que el impuesto, cuya cuantía no concretó, afectará a “todos los sectores de producción o de servicios” y explicó que no se excluye al sector turístico en la medida que pueda haber agentes que puedan contaminar. Chaves puntualizó que la fiscalidad que pretende imponer no tiene nada que ver con “el delito penal” contra el medio ambiente ni con las sanciones que impone la Administración autónoma ante un desastre ecológico.

También subrayó que este proyecto es distinto al de Baleares, que pretende el cobro de una tarifa de entre 0,5 euros y dos euros por cada día de alojamiento en establecimientos turísticos en función de la categoría de éstos. El presidente de la Junta no puso fecha a la entrada del proyecto de ley en el Parlamento y añadió que el Gobierno esperará a que el grupo de trabajo creado en la Cámara sobre la ecotasa presente sus conclusiones. La normativa la elaborarán las consejerías de Economía y Hacienda y Medio Ambiente.

Este proyecto comparte la misma filosofía que la ley autonómica que rige en Castilla-La Mancha desde el pasado 1 de enero. Esta norma, elaborada por el Ejecutivo que preside José Bono, prevé recaudar 3.000 millones este año con una ecotasa a empresas que desarrollan actividades contaminantes. Su continuidad, sin embargo, está en el aire, ya que el Gobierno central ha anunciado que la recurrirá ante el Tribunal Constitucional por considerar que la Junta grava hechos ya incluidos en el impuesto sobre actividades económicas.